Los conflictos mineros en el Perú, se han incrementado durante los últimos años, logrando despertar el debate e involucrar a un creciente número de actores comunitarios, nacionales e internacionales que desde diversas posiciones demandan soluciones.
Desde el año 2002, la empresa Minera Majaz S.A. con su proyecto Río blanco, pretende explotar un yacimiento minero de cobre y molibdeno en la parte más elevada de la provincia de Huancabamba y Ayabaca, generando un malestar en la población. Los campesinos de las comunidades de Segunda y Cajas (Huancabamba) y Yanta (Ayabaca) temen por los impactos que pueden producir las actividades mineras en los frágiles bosques de neblina y páramos, ubicados en las zonas altas y que con ellos se afecten las fuentes de agua, que tienen una implicancia directa en las actividades productivas agrícolas y pecuarias de las poblaciones.
Estos conflictos socio ambientales que se vienen suscitando en contra de la actividad minera, en la provincia de Huancabamba, se desencadenan a partir del otorgamiento del estado de una concesión a la empresa minera Majaz, para la exploración y explotación de este yacimiento de cobre y molibdeno, sin haber puesto de conocimiento ni consultado previamente a la población sobre este proyecto; produciéndose sucesivas movilizaciones, protestas y enfrentamientos entre las comunidades y policía nacional; entre quienes están a favor y quienes se oponen al desarrollo de la minería en dicha zona. Estos conflictos se manifiestan a través de bloqueos de caminos y carreteras, agresiones, amenazas, denuncias, encarcelamientos, difamaciones y hostigamiento contra líderes y dirigentes comunales, representantes de instituciones, miembros de la iglesia, etc.
Los habitantes de estas comunidades, sienten que sus derechos vienen siendo vulnerados por parte del estado, que no consultaron a la población la explotación de los recursos minerales antes de dar a concesión dichas tierras, generando conflictos sociales y un retraso en el fortalecimiento democrático del país, es por ello que las comunidades y gobiernos locales de los distritos de Ayabaca , Pacaipampa y, Carmen de la Frontera, realizaron una consulta comunal y/o distrital como el mecanismo de expresión democrática y legitima de su posición frente a la minería sobre el proyecto minero Río Blanco. En esta consulta los pobladores expresaron su rechazo a la empresa minera Majaz para continuar con el proyecto.
Estos conflictos entre la población y la empresa minera ha producido perdida de capital, perdidas en sectores productivos de la economía en la inversión publica y privada, un incremento de gastos no programados, así como también la paralización a la explotación de los recursos minerales, generando un impacto negativo en acciones en la bolsa de valores para dichos accionistas.
La imagen que se tiene es que la minería afecta la salud de la población, contamina el medio ambiente, suelos, aguas, cuencas y áreas agropecuarias; destruyendo áreas forestales y produciendo un desequilibrio en el ecosistema, cambiando así la geografía y la fisiografía de los paisajes, es por eso la constante lucha de los comuneros de la zona por la defensa del medio ambiente, y la no explotación de los recursos minerales, generando conflictos sociales entre la población y la empresa minera, existiendo una preocupación por los impactos que pueden estar ocasionando en estos ecosistemas las actividades de exploración.
A pesar de los problemas en contra de la minería, la empresa minera Río Blanco Copper S.A viene realizando diferentes actividades en beneficio de la población, generando empleo, a través de construcción de escuelas, postas, capillas, agua potable para algunos caseríos instalación de viveros, talleres textiles, mejoramiento de viviendas, mantenimiento de caminos y carreteras, proyectos productivos, etc. invirtiendo millones de dólares en la realización de dicho proyecto minero.
Debido a los conflictos entre las comunidades y la empresa minera, se realizan marchas por la paz, se han creado asociaciones i organizaciones en contra y a favor de la minería, generando conflictos sociales entre ambas partes; los comuneros de la zona se han organizado en las rondas campesinas, así mismo se ve el incremento de efectivos policiales para proteger i cuidar el orden.
Frente a este problema se nota una ausencia del estado, hay falta de apoyo por parte del gobierno central, intereses políticos de parte de algunas autoridades que promulgan leyes y políticas de estado diseñadas y ejecutadas para beneficiar a las empresas mineras, hay una incapacidad del estado para supervisar y fiscalizar la actividad minera, de manera que se respeten los derechos de la población.
Las comunidades de Segunda y Cajas, y Yanta, exigen el retiro de la empresa minera Majaz (Monterrico Metals) de sus territorios comunales por carecer de consentimiento para la explotación de los recursos minerales que existen en esta zona.
EN INVESTIGACIÓN...( tesis 2009)
